En la actualidad, existen diferentes tipos de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y para la protección de su integridad personal y patrimonial, pero quisiera destacar por tratarse de un caso recurrente, las medidas de apoyo para personas con discapacidad intelectual.

Antiguamente, este apoyo se prestaba, en muchas ocasiones, mediante la incapacitación judicial, figura por la cual, un tutor legal, podía ejercer múltiples facetas en la representación del discapacitado, ya sea en su esfera personal, patrimonial o para tomar decisiones relevantes en el ámbito de la salud.

Tras la reforma recientemente operada en nuestra legislación, la figura de la tutela legal ha desaparecido, y para las personas que precisan de un apoyo continuado, se ha establecido la curatela como el principal instrumento de protección, ya que dota de una mayor autonomía al discapacitado en la toma de decisiones que son de su interés.

La curatela, consiste en la designación por parte de la autoridad judicial, de un representante llamado curador,  quien está llamado a proteger los intereses de la persona con discapacidad intelectual en los actos jurídicos que requieren su consentimiento o intervención, y que deberán estar muy bien definidos por resolución judicial.

El curador puede ser, bien una persona física que esté capacitada para velar por los intereses del discapacitado, o alguna entidad sin ánimo de lucro cuyo fin sea prestar apoyo a personas discapacitadas; quienes pueden ejercer una curatela meramente asistencial, una curatela representativa o una curatela mixta, siempre en función del las necesidades del discapacitado.

La curatela resulta más eficaz que la tutela para evitar que la persona con discapacidad intelectual grave sea objeto de abuso por quien deba representarla, ya que garantiza, dentro de la medida de sus limitaciones, una participación activa del discapacitado en el proceso judicial y en la toma de decisiones que le afectan, al tenerse en cuenta su voluntad, deseos y preferencias.

Pero no toda persona con discapacidad intelectual que precise de apoyo, va a ser sometida a curatela, ya que tanto los jueces como el Ministerio Fiscal, son más proclives a que el apoyo se limite a casos puntuales, para lo que se recurre a medidas concretas de apoyo judicial.

Es importante destacar que las medidas judiciales de apoyo para personas con discapacidad intelectual, deben ser establecidas siempre en función de los intereses del discapacitado y de manera proporcionada a las necesidades y capacidades individuales de cada caso.

En definitiva, las medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad intelectual son una herramienta esencial para proteger sus derechos y garantizar su bienestar e integración social, siendo responsabilidad de todos los actores involucrados en el sistema judicial y social, trabajar en conjunto para asegurar la plena inclusión y participación de estas personas en la vida comunitaria.

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